Comentamos con una asesoría en Santander sobre este gran misterio. En los últimos dos años, más de 120.000 viviendas han desaparecido del mercado del alquiler. Este fenómeno no se debe a la casualidad, sino a una combinación de medidas legales y contextos sociales que han llevado a muchos pequeños propietarios y autónomos a retirar sus inmuebles del alquiler, generando un desplome significativo en la oferta de viviendas disponibles.

Hablamos con una asesoría en Santander sobre estas “viviendas desaparecidas”

A este problema se suma que las 120.000 viviendas de nueva construcción anunciadas por las autoridades nunca llegaron a materializarse. Mientras tanto, la llegada de un número elevado de personas en búsqueda de alojamiento —alojadas en hoteles, centros de acogida, viviendas temporales, o incluso en situación de ocupación— ha disparado la demanda de alquiler. El resultado: la oferta se reduce drásticamente, la demanda se dispara y los precios se encarecen. En sólo dos años, el precio del alquiler ha aumentado un 26,5%.

¿Vulnerables? Hoy en día, en España, cualquiera puede considerarse vulnerable: si ganas menos de 1.800 €, si tienes personas a tu cargo aunque ingreses más, si te divorcias, si te ves envuelto en una denuncia falsa, si eres dependiente, si tienes hijos, si estás desempleado… Y si más del 30 % de tus ingresos —los oficiales, claro— se va en pagar gastos básicos: alquiler o hipoteca, suministros (agua, luz, gas), comunidad… Incluso si eres soltero, con buen nivel adquisitivo, pero vives de alquiler en una gran vivienda, con el correspondiente costo mensual, puedes ser vulnerable.

¿De verdad queda alguien que, sumando todo eso, logre conservar el 70 % de sus ingresos libres? Pretender que nadie dedique más del 30 % de sus ingresos a la vivienda es una utopía propia del comunismo. ¿Quién va a querer poner su propiedad en alquiler en esas condiciones? El resultado ya lo estamos viendo: la oferta se ha desplomado y los precios se disparan. ¿El próximo paso que se puede intuir, por parte de estos políticos? El famoso exprópiese, de Chávez. Y, con ello, la ruina del país y el enfrentamiento social definitivo.

Medidas actuales que han generado preocupación entre propietarios

Promesas incumplidas de vivienda pública

Se han hecho múltiples anuncios sobre la construcción de vivienda pública, pero esta nunca llega a ejecutarse a la escala necesaria. Al final, el esfuerzo recae en el pequeño propietario, que asume los riesgos y costes sin garantías.

Ocupación ilegal de viviendas

La ocupación de inmuebles sigue siendo un problema sin una respuesta ágil y eficaz. Los propietarios, en muchos casos, ven cómo sus viviendas son ocupadas durante largos periodos sin posibilidad de recuperarlas ni de resarcirse por los daños materiales o el uso indebido del inmueble.

Impunidad ante el impago del alquiler

Algunos inquilinos, escudándose en su supuesta “vulnerabilidad”, pueden permanecer años sin pagar la renta ni asumir responsabilidades. Este tipo de situaciones convierten al propietario en rehén del sistema legal, teniendo que pagar hipotecas, suministros, impuestos, gastos comunitarios e incluso procesos judiciales, mientras pierde el uso de su vivienda.

Costes judiciales y carga económica desproporcionada

Cuando un propietario intenta recuperar su vivienda, no solo afronta largos plazos judiciales, sino también un alto coste económico: abogados, procuradores, tasas judiciales, y muchas veces incluso se le obliga a seguir pagando los suministros del inmueble ocupado. En algunos casos extremos, intentar recuperar la propiedad puede llevar a consecuencias legales para el propio dueño.

Una propuesta alternativa orientada al equilibrio

Fomentar la colaboración público-privada

En lugar de depender exclusivamente de promesas estatales, permitir que empresas y promotores privados construyan vivienda asequible, con incentivos claros y normas transparentes, podría dinamizar el mercado y aumentar la oferta.

Actuar con firmeza contra el impago y la ocupación ilegal

Establecer mecanismos legales más rápidos y eficaces para desahuciar a quienes no cumplen con sus obligaciones contractuales. Además, es fundamental garantizar que los daños materiales o los impagos sean resarcidos. En algunos países europeos, quienes incurren en este tipo de comportamientos están obligados a compensar económicamente al propietario y, en caso de reincidencia, incluso realizar trabajos comunitarios hasta cubrir lo adeudado.

Consecuencias de ambas posturas

Con las políticas actuales, es evidente, todo va mal y seguiremos peor: menor oferta, inseguridad jurídica para el propietario, aumento del precio del alquiler y colapso del sistema judicial por exceso de litigios relacionados con impagos y ocupaciones.

Con una política más orientada al libre mercado y a la protección de derechos de todas las partes se producirá un inmediato aumento de la oferta, mejora de la competencia y descenso de los precios del alquiler.

Asesoría legal para el alquiler en Santander

El equilibrio entre garantizar el derecho a la vivienda y proteger al propietario es fundamental para que el mercado funcione. Sin seguridad jurídica ni incentivos para alquilar, muchos prefieren retirar sus viviendas, lo que reduce la oferta y encarece el acceso al alquiler para todos. Solo una política clara, honesta y eficaz puede revertir esta tendencia y lograr un mercado justo, sostenible y accesible.